La indecencia del ser humano no tiene límites. Se aplica a la persona que se comporta de manera contraria a la justicia, a la verdad y al honor. Como la impostura, es un hecho vituperable por el fingimiento o el engaño con apariencia de la verdad que comporta.

La indecencia, igual que la impostura, se practica tanto en la vida privada como en la profesional, aunque es en este último ámbito donde se hace más execrable. Solo faltaba que tan repugnantes actitudes intentaran contaminar a la justicia española cuyo prestigio y reputación andan por los suelos.

Las imposturas del caso Nóos

El juicio del caso Nóos -conocido también como caso Urdangarin u operación Babel-, por presunta apropiación indebida de fondos públicos, malversación fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales, ha sacado a la luz no pocas imposturas en la forma de proceder de quienes se sientan en el banquillo, aunque también entre algunos de sus juzgadores.

En primer lugar, tras el presunto chantaje practicado por el único acusador particular de los 17 acusados, incluida la Infanta Cristina y su marido, a los que el seudo-sindicato Manos Limpias habría chantajeado exigiendo tres millones de euros a cambio de retirar la inculpación. Tan presumible delito ha llevado ya la cárcel seis años después de su instrucción a su principal instigador, Miguel Bernad, así como al responsable de la Asociación de Usuarios de Banca, Luis Pineda, en tanto que cooperadores necesarios.

La impostura en el caso que juzga el desvío de 6,2 millones de euros de las administraciones publicas afecta también al fiscal de la Audiencia de Palma de Mallorca, Pedro Horrach, empeñado en exonerar a Cristina de Borbón como cooperadora necesaria de dos presuntos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, a través de la sociedad familiar Aizoon por un fraude total de 337.138 euros.

El tal Horrach ya intentó librar a la Infanta de ser juzgada en enero pasado. Su argumento fue que quebraría la igualdad y significaría discriminar su persona. En línea con la fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y los peritos de Hacienda, Horrach reclama su sobreseimiento. Ante un delito fiscal, el “único perjudicado es la Agencia Tributaria que representa a todos los ciudadanos», recalcaba el famoso fiscal, después de repudiar el lema ‘Hacienda somos todos’ como vía para orillar la aplicación del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la que hace referencia la doctrina Botín.

El mundo al revés: las diatribas contra el Juez instructor

El mundo al revés, que cantaba el irreverente Paco Ibáñez según el excelso poeta Goytisolo (José Agustín): Erase una vez un Príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata horado, edulcoraba el cuento infantil.  

En su alegato final y, por si ello fuera poco, Horrach ha llegado a arremeter nada menos que contra la prensa y contra el Juez instructor, al que acusa de construir un “andamiaje sobre sospechas y conjeturas con el aplauso mediático” para lograr la imputación de la Infanta.

Sus diatribas contra el juez Castro estuvieron trufadas de críticas al Tribunal, al que recordó que «no necesita blindar su independencia, como los fiscales porque ya la tenemos”.

“Riesgo de convertir el estado de derecho en un reino de taifas judiciales, resoluciones que cobijan convicciones personales, malabarismos jurídicos retorcidos y engañosos»… son otras expresiones lanzadas por este nuevo Cid campeador durante el juicio tras calificar de «fraude de ley» la acusación contra la hermana del Rey e intentar demostrar que los únicos culpables fueron el propio Urdangarin y su socio Torres, “únicos jefes» de la banda.

Abdicación del Ministerio fiscal

Con ser preocupantes las perlas esparcidas por el fiscal justiciero, no deja de extrañar que sea el propio Ministerio fiscal el que contribuya a conculcar los principios esenciales de su acción para que la justicia se erija en defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y el interés público. La función esencial de la fiscalía no es otra que velar porque la función jurisdiccional se ejerza conforme a las leyes en los plazos y términos señalados. Como el fiscal Horrach debería saber, entre las obligaciones de la fiscalía también está defender la independencia de los jueces o ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de los delitos y faltas, además de oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda. La defensa de esta última obligación no debería hacerse de manera partidista y descarada como los hechos parecen indicar.

Por mucho que al señor fiscal le repugnen los argumentos de la única acusación particular -“Aizoon era una sociedad instrumental, pura ficción para aprovecharse fiscalmente de ella; la Infanta no solo participaba sino que se beneficiaba de ella de modo consciente, la mantuvo en el tiempo no haciendo nada para evitar la actividad delictiva…”-, Horrach no debería olvidar que el caso Nóos afecta de lleno a la credibilidad de nuestro entramado institucional, el mismo que diseñó la propia Constitución, el Estado, la Corona y las propias Autonomías y Ayuntamientos a las que unos desalmados saquearon en beneficio propio.

La investigación ha concluido que cargos políticos de primer nivel aceptaron plegarse a Iñaki Urdangarin,  a quien adjudicaron contratos por valor de más de seis millones de euros,  sin ningún control y con la  única garantía de su posición en la Casa Real y su matrimonio con la Infanta. Los encuentros con los dirigentes que dieron luz verde a los proyectos –Jaume Matas, Francisco Camps y Rita Barberá– se celebraron en las residencias oficiales de Marivent y Zarzuela. Dos terceras partes del dinero -cuatro millones- acabaron malversados en los bolsillos de Urdangarin y de su socio, Diego Torres, ante la dejación de los respectivos gobiernos y el abandono consciente de la responsabilidad de fiscalizar su utilización. La sentencia no se hará esperar.